El mismo día de febrero en que fue entrevistado al respecto por Radio UNAM, representantes de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil agrupados en torno a la idea de “Agua para Todos, Agua para la Vida” entregaron, a un grupo de diputados y senadores, la iniciativa ciudadana “Ley General de Agua”, como una propuesta alternativa a la de la Comisión Nacional del Agua (la CONAGUA).
Tanto las protestas de los Yaquis y de otros pueblos y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional, vinculadas a conflictos por el agua, como la iniciativa de Ley ciudadana, tienen, por trasfondo, un escenario de crisis ambiental y social en torno a este recurso en nuestro país.
Por ello, presentamos un recuento, un tanto apretado, de la situación y luego hablaremos de la propuesta de Ley que impulsa este grupo ciudadano.
De acuerdo con el libro “Agua en México, cauces y encauces”, editado por la Academia Mexicana de Ciencias en 2010, los grandes retos que enfrentamos en el tema del agua en nuestro país son: escasez, contaminación del recurso, impactos del cambio climático, una administración que debe fortalecerse con la participación de las y los usuarios, ausencia de ordenamientos ecológicos reales de los territorios y la necesidad de fortalecer la ciencia y la tecnología nacional en este tema.
¿En qué usamos el agua las y los mexicanos?, bueno, básicamente el 77 % se destina a la agricultura, 14% al abasto público, 5% a la generación de energía en plantas termoeléctricas y 4% lo consume la industria.
En el tema de la escasez, el libro “Agua en México, cauces y encauces” señala que las cuencas sin disponibilidad de agua se encuentran en Sonora, Chihuahua, el Río Bravo, la cuenca Lerma- Chapala y el Río Balsas.
Así mismo, cabe resaltar que 13% de la población mexicana se queda sin agua en su hogar diario o casi diario, otro 13% una vez a la semana y 12% una vez al mes, de acuerdo con datos del foro “Agua: escasez y riesgos” celebrado en la Cámara de Diputados el año pasado.
Continuando con los datos del libro, de los 653 acuíferos existentes, 104 están sobrexplotados, es decir, se extrae de ellos más agua de la que se recarga. Y aunque éstos acuíferos representan sólo el 20% del total, suministran el 80% del agua que se extrae del subsuelo.
El crecimiento poco planificado de poblaciones, ciudades y áreas de producción tecnificada de alimentos, ha conducido a una situación donde más del 70% de la población mexicana se concentra en los estados del Norte, Centro y Noroeste, regiones en las que la disponibilidad natural de agua es de apenas el 31%.
En cuanto a la contaminación, no todas las aguas residuales se colectan, y de las que sí, sólo se trata el 40%. En total, para el 2009 había 21 cuencas fuertemente contaminadas en todo el país, de acuerdo a datos de la propia Conagua.
Y para acabar de documentar el optimismo, un dato más: México es actualmente el primer consumidor de agua embotellada del planeta, con 72% de su población bebiendo agua de garrafones y sólo el 9% agua de la llave. Lo cual nos puede llegar a costar hasta mil veces más, según el estudio El agua una responsabilidad compartida de la UNESCO.
Ciertamente, nos encontramos lejos de un escenario en el que se cumpla a cabalidad, el derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° de la Constitución mexicana, el cual indica que tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Lo que proponen quienes impulsan la “Ley de Agua para Todos” es tomar en cuenta no sólo las necesidades sociales sino también las ambientales para, ciertamente, abastecer a la gente del preciado líquido, al tiempo que lo conservamos.
Por ejemplo, se busca garantizar agua suficiente y de calidad también para los ecosistemas, pues el disfrute de este derecho, tanto para las presentes como para futuras generaciones, implica que el Estado proteja los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos asociados, poniendo fin a la contaminación de los cuerpos de agua.
Así, en lugar de apostar por grandes obras de trasvases, acuíferos ultraprofundos y desalinizadoras, esta iniciativa se enfoca en la restauración y en la gestión integral de las cuencas. Se contempla la planeación y gestión ciudadanizada por Cuenca a través de un Plan Rector, la creación de un Fondo Nacional para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, así como el monitoreo independiente, con fondos públicos, para vigilar la calidad del agua.
En el actual esquema, las concesiones de agua van de 5 a 35 años, son prorrogables y en buena medida están sujetas a dinámicas de mercado, en su lugar, esta propuesta de Ley, contempla concesionar sólo el volumen ecológicamente aprovechable, destinar agua prioritariamente para la vida, que las concesiones se renueven siempre y cuando se cumpla con la normatividad y que se respete la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios.
Habrá que ver cómo evoluciona el debate en torno a esta propuesta y la presentada por la Conagua, pero parece bastante alentador que en nuestro país, la sociedad civil, se organice para presentar iniciativas, que, como en este caso, buscan solucionar uno de los conflictos ambientales más críticos y recurrentes en el territorio nacional.
Al final del día, toda el agua dulce depende de la salud y el buen funcionamiento de los ecosistemas por ello, para lograr un manejo sustentable del vital líquido, es urgente reconocer que el ciclo del agua es un proceso biofísico que ocurre de manera natural en los muy diversos ecosistemas del planeta, por lo que la conservación del agua pasa, no por los tubos de las casas, sino por la preservación de los bosques, las selvas, los lagos, los ríos y un largo etcétera.
Editorial del Programa Universitario de Medio Ambiente en el noticiero Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 17 de febrero de 2015.Mireya Imaz, Marjory González. 2015, PUMA-UNAM. México.
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).
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