Desarrollo urbano devastador

Desmonte del sitio arqueológico (Foto: AristeguiNoticias).

La semana pasada preguntaba un radio escucha qué es lo que está ocurriendo en La Peña de Valle de Bravo, así que, tomando el guante, hoy queremos comentar acerca de ése y otros casos similares que están brotando como hongos por toda la geografía nacional, repitiéndose un modelo de urbanización que agrede al ambiente, la convivencia, la movilidad, la equidad y que, para decirlo rápido, es devastador.

   En el caso de la Peña, un mirador ubicado frente al lago artificial de Valle de Bravo, el INAH “ordenó desmantelar y enterrar estructuras prehispánicas para dar paso a la construcción de un centro comercial” en el predio conocido como Casa de ídolos, de acuerdo con un reportaje del portal electrónico de Aristegui Noticias y Mexicoleaks.

   En el sitio existen vestigios de la cultura Matlatzinca que datan de 600 años antes de nuestra era, incluyendo cientos de entierros, ofrendas, esculturas y edificios administrativos y habitacionales prehispánicos. Además en la Peña, como en todo Valle de Bravo, existen manchones de bosques de coníferas, aunque cada día menos debido al crecimiento urbano desordenado, pero de alta plusvalía de la zona. Una casa con vista al lago puede valer millones de dólares.

   Se argumenta por parte del INAH, que no es posible parar el desarrollo urbano, y que en todo caso se deben conciliar los intereses de investigación con los inmobiliarios.

   Pero ¿qué se está entendiendo en el país por desarrollo urbano? ¿Los intereses inmobiliarios de quién, para qué y hacia dónde?

   En el caso de La Peña se pretende construir un supermercado, locales comerciales, restaurantes, cines y 218 cajones de estacionamiento. No parques, no centros culturales gratuitos, no escuelas públicas o áreas de convivencia comunitaria, sino espacios para quienes pueden comprar.

   Un caso similar está ocurriendo en Xochimilco, donde la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad ha salido a defender las autorizaciones que expidió a favor de dos megatiendas en Santiago Tepalcatlalpan, financiadas por el Deutsche Bank México y que habían sido frenadas por el gobierno Delegacional al considerar que existían irregularidades, así como afectación a los recursos naturales.

   De acuerdo con un reportaje de El Metro del 9 de marzo pasado, el Delegado Avelino Méndez frenó la obra al considerar que los daños ambientales ocasionados serían irreversibles, como la afectación a los mantos freáticos y los arroyos subterráneos. Por cierto, varias comunidades xochimilcas tienen severos problemas en sus viviendas debido a la desecación, compactación y deslizamiento de los terrenos, relacionados con la extracción de agua y la pérdida de zonas de infiltración.

   La respuesta de la Secretaria, citada por el periódico, es de antología: “la zona lacustre no es suelo filtrante…” y así, se contentó con multar con 6.9 millones de pesos, con la restitución de 231 árboles, así como la obligación de introducir 9,200 metros cuadrados de áreas verdes a la empresa, sanción que la Secretaria consideró “histórica”.

   Otro caso es el de Patio Tlalpan, otro centro comercial que se levanta en lo que fue la Clínica San Rafael, en Insurgentes esquina con Sta Úrsula. En el predio se talaron 167 árboles, para dar paso a 7 millones de visitantes anuales que recorrerán cines, supermercados, tiendas y estacionamientos, en una zona cuya movilidad ya está colapsada.

   Estos mal llamados desarrollos urbanos, que se propagan como viruela por todo el país son, para empezar, socialmente excluyentes, pues de acuerdo con datos del CONEVAL y de UNICEF, 88.4% de las y los mexicanos se encuentran en alguna condición de pobreza (pobres, pobres moderados o pobres extremos). Como lo único que puede hacerse en estos lugares es comprar, la inmensa mayoría de los mexicanos están vetados, en la práctica, de estos sitios. O bien, pueden pasar a ver y llevarse su resentimiento.

   También son cultural y ambientalmente destructores, rompen la convivencia vecinal y comunitaria, introducen conflictos de movilidad o los agudizan al estar diseñados para el automóvil particular, acaparan el agua y nos privan, a todas y a todos, de verdaderas áreas verdes.

   Pero hay otro punto en el que estos casos, junto con el de Tajamar, se conectan: las autoridades responsables del cuidado del patrimonio común, llámese cultural, histórico o ambiental, hacen todo lo posible por llevar a cabo estos desarrollos. Y también, en todos los casos, cada vez más son, somos, las y los ciudadanos, quienes tenemos que organizarnos para frenar la devastación de los bienes comunes.

Editorial del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad en el noticiario Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 15 de marzo de 2016. 
Mireya Imaz, Marjory González. 2016, PUES-UNAM. México.
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).