Derrame tóxico en el Río Sonora, ¿quién paga los platos rotos?

(El 26 de agosto de 2014 hablamos del lamentable derrame tóxico de una represa de una mina a las aguas del río Sonora acaecido a principios de ese mismo mes. Este fue el editorial al respecto).

   En tres semanas se han registrado tres casos de derrames de residuos tóxicos derivados de la actividad minera y la industria petrolera en diferentes ríos de nuestro país, hoy vamos a hablar del que parece ser el más grave, el del río Sonora.

   El 6 de agosto pasado, una falla en una presa de “jales”, es decir, una presa de residuos de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y metales pesados como arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio en el río Bacanuchi, que derivó el derrame hacia el río Sonora. Para que se den una idea, 40 mil metros cúbicos, es decir 40 millones de litros, equivale al volumen de más de cinco mil pipas de agua.

   De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua de este viernes 22 de agosto, se encontraron concentraciones de Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo y Mercurio en la parte media y baja de la Cuenca, con picos que rebasan los límites máximos permisibles establecidos en la norma NOM-127-SSA1-1994.

   Según dicha norma, los límites máximos permitidos de estas substancias en el agua para consumo humano son 0.05 miligramos por litro de arsénico, 0.005 mg/l de cadmio, 2 mg/l de cobre, 0.05 mg/l de cromo y 0.001 mg/l de mercurio.

   Entre los daños a la salud que puede causar la exposición a metales pesados en el agua podemos mencionar: irritación en la piel, problemas en el sistema nervioso, daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos.

   Un comunicado de la CONAGUA del 10 de agosto apunta a un error en el diseño de la represa donde se almacenaban los ácidos utilizados para la extracción de cobre como la causa del derrame. Además de esta falla en el manejo de los químicos, a decir de Carlos Arias, encargado de despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil, la empresa tardó un día en dar aviso a las autoridades, y en el boletín para explicar lo ocurrido, atribuyó el derrame a lluvias atípicas que habrían caído en la región.

   Sin embrago, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, desmintieron a la empresa, pues de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional no se tenía ningún registro de lluvias significativas en la zona, mucho menos atípicas, en los días anteriores al derrame.

   La acidez y corrosividad de la mezcla dispersada afecta directamente la flora y fauna acuática que habita el río y ha paralizado, durante 2 semanas ya, las actividades de 22 mil habitantes de diversas poblaciones establecidas a lo largo de 89 kilómetros del cauce hasta la presa El Molinito, cerca de Hermosillo. Las afectaciones abarcan 7 municipios sonorenses.

   Hasta el momento, diversos medios de comunicación han reportado el caso de una persona con heridas por usar el agua del río para lavarse, casos de irritación, alergias en la piel y problemas respiratorios, mortandad de ganado que abrevó del cauce, así como la suspensión del inicio del ciclo escolar en 88 escuelas, afectando a tres mil niños, además del cierre de 700 pozos ordenado por CONAGUA.

   En Baviácora, cientos de hectáreas de cultivos sembrados en las márgenes del río están en riesgo de perderse, los consumidores de leche y queso dejaron de comprar los productos de la región por miedo a enfermar, por lo que los productores han derramado 28 mil litros de lácteos diariamente.

   ¿Qué dice la Ley que debe ocurrir en un caso como éste, donde se afecta la salud, economía y vida de las personas, así como la integridad de los ecosistemas, tal vez por muchos años?

   La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, busca aplicar 3 millones de pesos de multa, como marca la ley en el caso de la sanción administrativa, y otros 40 millones si se aplica la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, recientemente aprobada, además de cárcel hasta por nueve años a los responsables.

   Por ahora, no parece que estas sanciones le quiten el sueño a la empresa ni la estimulen a invertir en sistemas de prevención o mejora de sus instalaciones, si se toma en cuenta que tan sólo durante los primeros seis meses de este año, la minera obtuvo ingresos por 15 mil 320 millones de pesos, según reporte del semanario Proceso.

   Vale la pena entonces revisar si las multas ambientales, tal cual están en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento correspondiente, son adecuadas para los tiempos que vivimos, más aún debido al incremento de la actividad minera en México, y todavía más ante la entrada de prácticas como el fracking o fractura hidráulica y de las empresas extranjeras que explotarán nuestras reservas petroleras, de acuerdo con la recién aprobada Reforma Energética.

   La idea de una multa ambiental no debe significar que quien pueda pagar, simplemente adquiera el derecho a contaminar, sino que las sanciones deben estar diseñadas para que dañar a las comunidades y los ecosistemas que habitan sea tan caro, tan costoso, que salga más barato invertir en la prevención y el monitoreo de las operaciones, que pagar la multa y reparar los daños, si es que éstos se pueden reparar.

   Y éste es el otro tema, pues la restauración de los ecosistemas requiere fuertes inversiones, tener suficiente información acerca de su funcionamiento y no siempre es posible, dependiendo del tipo de daño y de la magnitud del mismo. Además, es un proceso que puede tomar décadas.

   Como mencionamos al principio, éste sólo es uno de tres derrames ocurridos durante los últimos 20 días, y probablemente lo dicho acerca de reparaciones y multas vale para los otros dos.

   Parece que es momento de que las diversas autoridades ambientales revisen a fondo tanto los mecanismos con los que operan estas industrias, así como las leyes que nos deben proteger, a las personas y a los ecosistemas, previniendo de verdad que ocurran catástrofes ambientales tan lamentables como la del Río Sonora.

Editorial del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM (antes PUMA) en el noticiario Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 26 de agosto de 2014.
Mireya Imaz, Marjory González. 2014, PUMA-UNAM. México. 
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).